Sumario
- Acusado de desobediencia y desacato luego de negarse a trabajar para el Estado, Oscar Corría Sánchez enfrenta una situación crítica en prisión.
- Alarmados, sus familiares denuncian el constante acoso de las autoridades desde la participación del joven en las protestas del 11 de julio de 2021.
El preso político Oscar Corría Sánchez, arrestado desde hace más de veinte días en la unidad policial de Contramaestre en Santiago de Cuba, se declaró en huelga de hambre, según confirmaron a sus familiares las autoridades policiales.
“Fuimos a intentar, mi mamá y yo, a ver si le pasábamos una comida y el guardia nos dice que mi hermano está plantado hace cinco días y que no toma ni agua, no se cepilla, está renuente a todo”, indicó a Martí Noticias Mairelis Menéndez Sánchez, hermana del prisionero político.
Menéndez Sánchez lamentó que las autoridades policiales no avisaron a la familia de la inanición voluntaria del preso político: “lo único que fue avisado fue la Seguridad del Estado que fueron a visitarlo”.
Oscar Corría Sánchez, de 25 años, había cumplido una sentencia de tres años y seis meses de privación de libertad por participar en las protestas del 11 de julio en su localidad.
El 1º. de octubre, acudió a una citación policial y fue dejado bajo arresto tras un altercado ocurrido cuando se negó a trabajar para el Estado. Fue acusado de los delitos de desobediencia y desacato.
Su hermana que lo acompañó a la estación de la PNR (Policía Nacional Revolucionaria) relató entonces que, frente a la decisión de Oscar de negarse a trabajar para el Estado cubano, los policías comenzaron a maltratarlo y a amenazarlo.
Corría Sánchez cumplió su sentencia el 8 de septiembre de 2024, pero desde entonces ha estado bajo acoso constante de la Seguridad del Estado y la PNR, que le exigen incorporarse a la vida laboral.
“Nada más por no querer trabajarle a este comunismo, ahí lo tienen sin pruebas. Solamente por ser del 11 de julio lo siguen ahí acosando amenazando hasta ahora que vinieron y lo metieron preso”, señaló la mujer.
En una grabación enviada a Martí Noticias, un oficial de la PNR (Policía Nacional Revolucionaria) acusó a Corría Sánchez de alterar el orden público dentro de la estación y lo amenazó con imputarlo por desobediencia si no se presentaba en la Dirección de Trabajo a reportarse.
La organización Prisoners Defenders asegura que los manifestantes de julio de 2021 que han sido liberados, tras cumplir sus sanciones, permanecen bajo vigilancia constante, reciben citaciones periódicas para interrogatorios policiales, y tienen expedientes como “contrarrevolucionarios”.
También pueden ser objeto de la figura de “peligrosidad social”, una medida preventiva que permite a las autoridades detener y sancionar a personas por considerarlas proclives a cometer delitos, incluso sin que hayan cometido ninguno.